El Congreso hondureño aprobó el presupuesto del año en curso cuando el año ya tiene cuatro meses encima, y el ministro Emilio Hércules salió a decir que el documento es “financiable y ejecutable” — dos características que, en cualquier país con calendario funcional, se verifican antes del 1 de enero.
Enero, febrero, marzo y abril operaron, como es tradición, con el presupuesto viejo y una fe ciega en que algo se resolvería. Se resolvió. En abril. Como siempre.
Por su parte, El funcionario explicó que, previo a la votación, se realizó un exhaustivo proceso de diálogo con los diputados para “contestar las diferentes preguntas e interrogantes” sobre cómo se iba a ejecutar el plan financiero.
Es decir: el presupuesto se aprobó después de explicarles a los diputados qué era un presupuesto.
Un proceso que, según fuentes cercanas al Congreso, tomó más tiempo del previsto porque varias preguntas no eran exactamente sobre finanzas públicas, sino sobre por qué ciertos municipios no aparecían suficientemente “reforzados” en el documento. Dudas legítimas. Filosóficas, casi.
El monto aprobado es de 444,335 millones de lempiras — 25 mil millones menos que lo pedido originalmente, porque lo pedido originalmente no existía. A eso el ministro le llama “enfoque más viable”. El resto del mundo le llama pedir más de lo que hay.
Hay incrementos para educación, salud, policías, militares y municipalidades pequeñas, todo lo cual suena muy bien en una conferencia de prensa celebrada cuando ya se perdió un tercio del año para ejecutarlo.