Tegucigalpa, Honduras — En un acto de valentía institucional, el presidente de Honduras Nasry Juan Asfura Zablah —empresario de la construcción, conocido en los círculos cercanos como “Papi a la Orden” y en los círculos judiciales como “imputado”— anunció el fin de semana que su gobierno había logrado congelar el precio del cemento, salvando así a millones de hondureños de una crisis que su propio gobierno había creado dieciséis días antes.
“Es un logro histórico”, dijo una fuente cercana al ejecutivo que pidió no ser identificada porque tampoco entendía muy bien lo que estaba pasando.
La secuencia de los hechos, relatada con la velocidad suficiente para que no se noten las costuras, es la siguiente: el gobierno de Asfura publicó el Acuerdo Ministerial 027-2026, un reglamento técnico para el cemento hidráulico que los importadores describieron como una normativa diseñada quirúrgicamente para sacarlos del mercado. Los importadores anunciaron el cierre de operaciones. Advirtieron que el precio de la bolsa podría llegar a 300 lempiras. La población, acostumbrada a que las malas noticias lleguen en decreto, se preparó para lo peor.
Fue entonces que el presidente, con su traje de siempre de hombre que trabaja aunque no haya evidencia fotográfica del trabajo, convocó una firma de acta con las tres empresas productoras de cemento del país: CENOSA, ARGOS y DURACEM. No con los importadores, que eran quienes se quejaban. Con las productoras. Las que se quedan solas en el mercado si los importadores se van. Las que, en el más puro espíritu de sacrificio nacional, aceptaron no subir los precios durante seis meses a cambio de que nadie les hiciera preguntas incómodas.
“El reglamento no cierra el mercado”, repitió el gobierno en un comunicado de prensa reproducido textualmente por varios medios nacionales que claramente tenían cosas más importantes que hacer que leerlo con detenimiento. “El reglamento no prohíbe importaciones. El reglamento no limita la competencia. El reglamento no muerde. El reglamento es su amigo.”
Los importadores dijeron que sí cierra el mercado. El gobierno dijo que no. Los importadores dijeron que los requisitos técnicos, de laboratorio, de trazabilidad y etiquetado hacen inviable su operación. El gobierno dijo que eso era una mala interpretación. Los importadores dijeron que iban a cerrar. El gobierno dijo que no malinterpretaran.
En ese preciso debate filosófico se encuentra Honduras al momento del cierre de esta edición.
Lo que nadie en el comunicado oficial se molestó en mencionar —quizás por falta de espacio, quizás por falta de interés, quizás porque el redactor también tiene familia— es que el señor presidente llegó a la política después de décadas en el negocio de la construcción. Que tiene vínculos documentados con al menos diez sociedades mercantiles del sector. Que esas sociedades, según investigaciones periodísticas que él ha preferido no comentar, modificaron su estructura accionaria de maneras que los especialistas en conflictos de interés describen como “creativas”. Que hay un proceso judicial pendiente por malversación de fondos municipales que terminaron, presuntamente, en empresas relacionadas a su persona. Detalles, todos ellos, que el comunicado gubernamental sobre el cemento tampoco incluyó, posiblemente porque no cupieron junto al logo institucional.
La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción aplaudió el reglamento. Dijo que debió aplicarse hace décadas. Dijo que era justo y necesario. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción es, para quien no la conozca, la agremiación de las empresas constructoras de Honduras. Su posición, en este contexto, tiene aproximadamente la misma neutralidad que la de un árbitro que también es accionista del equipo local.
El congelamiento durará seis meses, dice el acta. “Inicial”, añade el documento, con esa palabra que en el español burocrático hondureño funciona como spoiler: lo que hoy es inicial mañana es indefinido, y lo que hoy es un acuerdo voluntario mañana es la nueva normalidad del mercado. Para entonces, los importadores habrán cerrado o habrán aprendido a sobrevivir con los nuevos requisitos técnicos que el gobierno jura que son internacionales y razonables y en ningún caso diseñados para beneficiar a nadie en particular.
El hondureño que quiere construir su cuarto, entretanto, celebra que el precio no subió. No sabe muy bien por qué iba a subir. No sabe muy bien quién lo iba a subir ni quién lo impidió ni si lo que se impidió era real o era el susto previo al alivio calculado. Pero hay una firma. Hay un acta. Hay un presidente. Y eso, en Honduras, es suficiente para llamarle gobernabilidad.
